La Corte de Apelaciones de Santiago indicó que no apareció identificado expresamente el afectado por los hechos contenidos en el libelo.
La Corte de Concepción indicó que, no se constató de los hechos expuestos, que éstos constituyan vulneración de alguna de las garantías constitucionales señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
De la sola lectura del libelo, resulta palmaria la inteligibilidad del requerimiento atendida la ausencia de un vínculo lógico entre los hechos descritos y el derecho.
El TC no admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba los artículos 53, inciso tercero, y 192 del Código Tributario, y artículo 5° de la Ley N° 20.630.La gestión pendiente invocada incide en autos administrativos de la Tesorería Regional de Concepción, de que conoce vía recurso de hecho actualmente la Corte de Apelaciones […]
El TC declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el inciso segundo del artículo 277 del Código Procesal Penal, en la parte que dispone, “…cuando lo interpusiere el ministerio público…”.
El TC declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba los artículos 481, 488 y 490, todos del Código de Procedimiento Civil.
La gestión pendiente invocada incide en un proceso ejecutivo civil, de carácter sumario, en el que se rechazó recurso de apelación interpuesto por el deudor, que es el requirente de inaplicabilidad.
El TC declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 389 F del Código Orgánico de Tribunales, en el marco de antecedentes administrativos sobre remoción funcionaria de que conoce la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
El TC declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil
El TC declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 4° de la Ley N° 19.531, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 20.224.
El TC declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba los artículos 257 inciso 1° y 370 del Código Procesal Penal.
