Al efecto, cabe recordar que la empresa requirente estimaba que el precepto impugnado infringiría el debido proceso, pues la gestión pendiente no goza de los mínimos requisitos que requiere un procedimiento racional y justo.
La empresa requirente estima que el precepto impugnado infringiría el debido proceso.
La Segunda Sala adujo que la requirente no ha dado estricto cumplimiento a lo ordenado por esta Sala, razón por la cual, atendido el tiempo transcurrido, corresponde hacer efectivo el apercibimiento previsto en el inciso segundo del artículo 82 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura.
La Segunda Sala adujo que consta en autos que el requirente no ha dado estricto cumplimiento a lo ordenado por esta Sala, en atención a que el certificado que contiene las menciones requeridas por la ley referidas al estado actual de la gestión pendiente, puesto que no se especifican eventuales recursos interpuestos contra la sentencia dictada por la Corte de Puerto Montt.
La gestión pendiente incide en autos sobre declaración de liquidación forzosa, seguido ante el Vigésimo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad, por recurso de hecho.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de amparo, seguido ante la Corte de Santiago, en los que la requirente presentó dicho recurso en contra de Gendarmería de Chile, al no ser postulado a la libertad condicional.
La Segunda Sala adujo que, del tenor de la acción de inaplicabilidad deducida, aparece que aquella no cumple con lo dispuesto en el artículo 80 de la LOCTC, desde que el requerimiento deducido no contiene claros fundamentos de hecho ni de derecho.
La Corte de Concepción indicó en su oportunidad que, no es posible advertir la existencia de actos u omisiones ilegales y/o arbitrarios que puedan afectar algunas de las garantías que se reclaman conculcadas y que justifique el ejercicio de esta vía cautelar excepcional.
La Corte de Apelaciones de Santiago indicó que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando este ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías enumeradas en el artículo 20.
La Corte de Apelaciones de Santiago indicó que los hechos descritos en la presentación sobrepasan los márgenes del recurso interpuesto.
