Los senadores se mostraron preocupados por la incertidumbre que genera un virtual cambio de criterio. Acordaron continuar con audiencias mientras «la justicia entrega mayores certezas que permitan definir cuántos contratos realmente se verán afectados con la sentencia».
La nueva entidad, que ahora pasó a revisión al Senado, viene a dar cumplimiento a la norma constitucional que exige su conformación a través de una ley orgánica. El organismo autónomo definirá las remuneraciones del Presidente de la República, parlamentarios y gobernadores, entre otros.
La norma, propuesta por el Gobierno, permite aplicar la reforma constitucional que posibilita, excepcionalmente, ampliar de 48 horas a cinco días el plazo de detención en estos casos.
La iniciativa que suprime la intervención de notarios en diversos trámites y actuaciones quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputados.
Por unanimidad, la Comisión de Constitución respaldó la idea de legislar de la propuesta del Ejecutivo que modifica los códigos Penal y Procesal Penal para establecer la validez de las sentencias condenatorias extranjeras como fundamento de la agravante de reincidencia.
Con esta medida, que ahora pasa al Senado, se busca disminuir el costo que se paga por el acceso al agua en el mundo rural.
A través de un proyecto de acuerdo, el Senado solicitó al Ejecutivo que implemente políticas públicas necesarias para este fin, “como medida útil, efectiva y necesaria para propiciar su integración y autonomía en la sociedad”.
La Comisión de Economía terminó el estudio en particular de la iniciativa y la despachó a su par de Hacienda para que se aboque a los temas propios de su competencia.
La instancia sí respaldó los artículos vinculados al subsidio para apoyar a las mipymes en el aumento del salario y también el aumento de la asignación familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares.
La Comisión de Mujer y Equidad de Género acordó realizar audiencias y abrir un plazo de indicaciones para el texto que avanza en el principio de solidaridad, para mayor equidad en materia patrimonial “considerando que las mujeres son las que enfrentan brechas salariales y realizan trabajos no remunerados”, se precisó.
