Ambas instancias trabajan en el análisis de los artículos e indicaciones que buscan fortalecer la iniciativa estableciendo medidas de protección a favor de las víctimas y de restitución de los derechos vulnerados.
La Cámara Alta despachó en los mismos términos que lo hizo la Cámara Baja el texto legal que apunta a resolver los efectos no deseados en el uso de este instrumento especialmente, por parte de las pymes.
De estas, 42 correspondieron a iniciativas que fueron presentadas a tramitación por diputadas y diputados.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social concluyó el despacho de la iniciativa y ahora corresponde que sea analizado por su par de Hacienda en las materias de su competencia.
El Minsal presentó indicaciones a la norma, las que fueron consideradas ‘insuficientes’ por la Comisión de Salud. Los congresistas proponen incluso, la suspensión del ejercicio de la profesión.
La normativa que será analizada ahora por la Comisión de Hacienda, busca aplazar hasta el 1 de enero de 2024 la aplicación de estos cambios tributarios, por los efectos que tiene en la normativa minera. Principalmente, en los plazos que se proponen para el cambio de coordenadas de concesiones vigentes.
El Ejecutivo y el Senado alcanzaron un acuerdo en cuando a una fórmula que cierre brechas en las remuneraciones según el cálculo de inflación del 12% y se abordaron las distintas materias misceláneas que contiene la iniciativa, tales como, medidas pro retención de estudiantes y situación de contratos a honorarios en la administración municipal.
El texto presentado por el gobierno con el objetivo de modificar las actuales normativas fiscales ya cuenta con la aprobación en la Comisión de Hacienda de las enmiendas al Código Tributario.
En la instancia se analizarán normas vinculadas a la diferenciación de sustancias para tráfico o consumo personal y el cultivo medicinal de cannabis, entre otros puntos rechazados por la Sala de la Cámara.
La iniciativa radicada en la Comisión de Gobierno Interior contempla facilitar el inicio del procedimiento administrativo de expulsión de extranjeros, estableciendo la posibilidad de utilizar carta certificada o correo electrónico para notificar al afectado.
