Por Banetza Jara Riveros, Universidad de Chile
1. ¿Es posible concebir la existencia de un derecho a la seguridad en nuestro ordenamiento jurídico?
El derecho a vivir en un medio ambiente libre violencia es un derecho humano, por ende es necesario incorporarlo, no hay que olvidar que estuvo presente en las dos fallidas discusiones constituyentes, y hubo diversidad de propuestas, opiniones y doctrinas, pero claramente ya no lo podemos obviar. Sin embargo la urgencia requiere que realicemos acciones concretas y coordinadas, que involucren a todos los actores para enfrentar la crisis de violencia que vivimos. Hacer retroceder el crimen organizado es una tarea compleja y grande, y seguramente el ordenamiento jurídico debe garantizarlo.
2. ¿Cuáles son los mecanismos previstos por la ley para garantizar la protección al orden o seguridad pública?
Si bien Carabineros y la PDI tienen de manera prioritaria y casi exclusivamente esa tarea, también nuestro ordenamiento abre el espacio para que en ciertas situaciones las fuerzas armadas asuman funciones en ese ámbito, como en el caso de emergencias, catástrofes y estados de excepción constitucional. También un caso especial es el de la policía marítima, para que custodien la frontera marítima y aseguren el orden en la costa.
Por otra parte, a los municipios se nos asigna un rol preventivo en torno a la seguridad, por ende, también colaboramos de una manera diferente, generando instancias de coordinación, facilitamos vehículos y/o cámaras de televigilancia, invertimos en iluminación y recuperación de espacios públicos, organizamos a las comunidades y trabajamos en prevención social.
3. Desde una perspectiva legal y social, ¿cuáles cree que son las principales falencias que presenta hoy la institucionalidad, en cuanto al resguardo de la seguridad ciudadana?
Desde la perspectiva legal hoy ya existe un diagnóstico bastante acabado respecto de cómo enfrentar los nuevos fenómenos delictuales y de crimen organizado, lo que ha llevado al ejecutivo a proponer y priorizar una agenda bastante robusta en torno a temas como el uso de armas, aumentos de penas, tipificación de nuevos delitos, facultades de las policías entre otras temáticas, sin embargo los tiempos legislativos la mayoría de las veces no se ajustan a las urgencias que demandan los ciudadanos, por ello llegar a acuerdos es tan relevante en estas materias.
Y desde la perspectiva social, una gran debilidad es el debilitamiento de las confianzas en las instituciones y también la falta de organización en muchas comunidades en torno a la seguridad. No basta con el auto cuidado, también es necesario generar capital social que fortalezca los lazos comunitarios.
4. A raíz de lo planteado por diversos actores y autoridades públicas, ¿estima aconsejable encomendar labores de control del orden público a las fuerzas armadas? ¿Por qué?
Lo primero, para abordar este tema es dar por sentado que estamos en un momento de emergencia, y que requiere medidas urgentes y que irrumpan para cambiar una tendencia y/o evitar la penetración de determinados fenómenos.
Y es en ese contexto que no cabe ninguna duda que las fuerzas armadas tienen una capacidad instalada que no se puede desaprovechar, no sólo personal, sino que también con inteligencia, drones, vehículos blindados, helicópteros, lo que abre un debate sobre cómo estas podrían, legítimamente al menos, asumir un rol de colaboración más eficaz.
Por ello hemos hablado de abrir la mirada y no sólo circunscribirnos a caricaturas, temores o sólo pensar en imágenes de conscriptos con armas largas patrullando poblaciones, o custodiando el metro. Creo que pensar en un rol de las fuerzas armadas va mucho más allá, pues nos enfrentamos a un fenómeno nunca antes visto en nuestro país. Nuestras policías han estado acostumbradas a enfrentar el delito común, y mientras se van poniendo al día con los nuevos fenómenos se requiere una acción coordinada del estado para enfrentarlos.
Aquí es importante aclarar que nadie está pidiendo que los militares reemplacen a las policías, pero hay que ver la lógica de la emergencia que estamos viviendo. Respecto de la solicitud de tener militares en las calles, es muy importante entender que hoy día hay una necesidad y hay que tener empatía con las víctimas y con las personas que están viviendo esa necesidad.
5. ¿Cuáles serían las posibles implicancias de permitir a las fuerzas armadas participar en el control del orden público?
Es importante definir cuánto y cómo. ¿Qué funciones, cuánto, hasta dónde? Eso se puede conversar. ¿Qué no hay reglas de uso de la fuerza? Si las hay, y están vigentes hace años, y las enseñan en las escuelas policiales y militares. Otra cosa es que se lleven a estatus de ley, pero cada uniformado sabe –por reglamento- en qué circunstancia se puede o se debe usar un arma de fuego, y en cuáles no.
Los militares podrían colaborar, patrullando, quizá en conjunto con carabineros, lugares donde se requiere mayor presencia, en terminales de buses, lugares de alta afluencia de público, centros comerciales, o espacios donde se desarrolla el comercio, bancos, podrían ser también un complemento para acompañar a las policías con patrullas militares blindadas para poder entrar a lugares donde hoy no hay acceso, etcétera.
También es relevante que las policías no sientan invadido su rol. Que las policías puedan experimentar una transformación que fortalezca sus capacidades, después de que se habló de reforma y hasta de refundación, creo que estamos de acuerdo en que necesitamos más y mejor, no menos policía. Reforzar la formación, aumentar la cantidad, ampliar sus recursos, acoger las recomendaciones de las comisiones asesoras para ese fortalecimiento.
Las fuerzas armadas no deben ser puestas en riesgo, ni su institucionalidad ni sus miembros. No es buena idea reemplazar la labor policial, como tampoco podrían hacerlo los guardias municipales.
6. ¿Es posible conciliar la intervención de fuerzas armadas con el respeto pleno a la democracia? ¿Por qué?
Lo han hecho en cada emergencia y catástrofe, también en la macro zona sur y en la frontera norte. No hay que temerle a ese debate.
Es muy importante evaluar y aprobar prontamente el proyecto de infraestructura crítica que permita tomar esta decisión al ejecutivo, con todos los resguardos y precauciones que tienen que tener, con todos los protocolos necesarios para intervenir, eso le va a permitir a las policías tener mayor personal para patrullar en las calles que es lo que hoy se necesita, finalmente contar con mayor presencia policial.
7. Desde un punto de vista jurídico, ¿qué alternativas podrían ser plausibles para contribuir a la protección y vigencia del derecho a la seguridad?
En primer lugar, se debe consagrar que el estado debe procurar el aseguramiento de este derecho a través del fortalecimiento de las fuerzas que ejercen el control del orden y la seguridad, y por otra parte y con la misma fuerza procurar con acciones concretas medidas para fortalecer la prevención, social, situacional y comunitaria.
El ordenamiento jurídico debe consagrar suficientes mecanismos para asegurar el monopolio del uso de la fuerza en el estado y por otra parte las suficientes capacidades para enfrentar los fenómenos delictuales.
El Profesor Abbot no se pronuncia en cuanto a que las organizaciones terroristas que operan en el país (extorsión, secuestro y sicariato), poseen armamento de guerra. En cambio, las policías no. Cualquiera sea las razones de ello, da lo mismo. La realidad es que las bandas criminales terroristas que actuan en el país, disponen de armamento de guerra (amatralladoras, granadas, bazookas, entre otras). Es por esta realidad, es que se necesita la intervención de las FFAA en labores policíacas. Negarse a esta posibilidades, sencillamente, es no comprender el mundo criminal actual.