Por Isidora De Luca Yañez, Universidad Central

En nuestro país, se ha identificado un cambio en las demandas de la población en relación a años anteriores, ya que si bien el año 2019 apuntaban a mejoras en la educación, la salud y las pensiones, actualmente han sido desplazadas por la necesidad de restaurar la seguridad y el orden público.^[1]

Esto nos lleva a hablar de una crisis de seguridad, que no solo afecta a nuestro país sino que se extiende por todo el continente. No se tiene certeza de cuándo comenzó este crisis específicamente, pero sí, que hay un efecto revelador en ella: el hastío en la población ante formas violentas de delincuencia.^[2]

Podemos identificar el aumento de las formas violentas de delincuencia, por el extendido uso de armas de grueso calibre por los delincuentes en contra de las policías y porque se han avecindado en el país bandas internacionales, mayormente asociadas al narcotráfico, que han instalado en la cotidianeidad delitos que antes no eran de común ocurrencia, como el secuestro y el sicariato.^[3]

Según cifras del informe anual del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la suma de las denuncias y detenciones flagrantes, presentó un crecimiento en el país de 44,6% respecto a 2021.

Al respecto, conversamos con Ángel Valencia Vásquez, abogado, profesor de la Universidad Alberto Hurtado y actual Fiscal Nacional del Ministerio Público, sobre las modificaciones que enmarcan la actualización de las políticas de persecución penal, en el contexto actual.

1. Considerando el contexto actual y nivel de delincuencia en el país, ¿cuáles son las líneas de trabajo que priorizará la Fiscalía Nacional?

Los principales énfasis de mi gestión son la persecución de tres flagelos criminales que tienen un efecto especialmente grave en el debilitamiento de nuestro Estado como el crimen organizado: corrupción en municipios y gobiernos regionales y delitos económicos como la colusión y los fraudes.

No cabe duda que debemos ocuparnos en bajar el número de homicidios con imputados desconocidos. En ese sentido, no tenemos otra alternativa que derrotar al crimen organizado, utilizando todas las herramientas que nos otorga la ley, trabajando coordinadamente con todas las instituciones del Estado, incluyendo los delitos que se cometen desde al interior de las cárceles.

2. Dentro de las modificaciones que ha realizado en la fiscalía desde que asumió el cargo, ¿cuáles destacaría y que otras quedan pendientes de implementación?

Destaco principalmente la reorganización de la Fiscalía Nacional, pasando de tener cinco a ocho unidades especializadas. Con esto buscamos mejorar los procesos, asesorar adecuadamente a los fiscales y abogados, y enfrentar adecuadamente la actual situación delictiva del país.

Con esta modificación actualmente contamos con:

– Unidad de Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas, Armas y Personas, de Homicidio y Lavado de Activos asociado;

-Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos asociados;

-Unidad Especializada en Anticorrupción, Infracción a la Probidad Interna y Lavado de Activos asociados;

-Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente;

-Unidad Especializada en Delitos Sexuales y de Explotación Sexual;

-Unidad Especializada en Derechos Humanos;

-Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones;

-Unidad Especializada en Género.

Y la Unidad de Apoyo a la Investigación Financiera Patrimonial.

3. ¿Cómo se está haciendo cargo la Fiscalía Nacional de la persecución penal del crimen organizado, del narcotráfico y delincuencia asociada; qué ha cambiado respecto de su antecesor?

Cuando llegué a la Fiscalía Nacional, una de las primeras medidas que tomé fue la creación de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, centrando la coordinación de las investigaciones y apoyo a los fiscales en los fenómenos criminales que componen el crimen organizado en el país. Esta misma unidad se está haciendo cargo de la coordinación y apoyo en casos de narcotráfico y delincuencia asociada, como los secuestros, homicidios, control territorial violento, infracción a la ley de armas, entre otros.

Anteriormente, se trabajaba cada delito por separado, una unidad trabajaba las asociaciones ilícitas, otra el tráfico de drogas, y otra los delitos violentos asociados. Hoy se centra todo en la Unidad de Crimen Organizado como fenómeno delictual, lo que creemos permite enfrentar de mejor manera este flagelo.

4. Los medios tecnológicos con que cuenta el Ministerio Público, ¿los estima suficientes frente a una delincuencia cada vez más sofisticada?

Los medios tecnológicos son una herramienta de apoyo muy importante para la labor que realiza el Ministerio Público. Actualmente contamos con un trabajo en conjunto con el profesor Richard Weber, del Centro de Sistemas Complejos de la Universidad de Chile, para la creación de un sistema de inteligencia artificial para investigar homicidios, robos y organizaciones destinadas a comercializar droga y que nos ha dado importantes resultados. Pero, sin duda, que necesitamos de mayor tecnología para estar a la altura de las respuestas que la ciudadanía necesita, y por eso estamos trabajando con la División de Estudios para seguir potenciando este tema y la introducción de más inteligencia artificial que mejore los procesos y sea un real apoyo para la investigación de los fiscales.

5. ¿Cree que es suficiente la dotación actual de fiscales para la persecución penal?

Cuando asumí el desafío de ser Fiscal Nacional, sabía que debía cumplir con la misión que me fue encomendada con los recursos que había disponibles. Actualmente contamos con 3,6 fiscales por cada 100 mil habitantes, y en el promedio en Asia y África es sobre seis. Sin duda que tenemos que estar a la altura de la nueva criminalidad que hoy está presente en nuestro país. Por esto, desde el año pasado existen reuniones con el Ministerio de Hacienda para  generar un nuevo plan de fortalecimiento para el Ministerio Público.

6. ¿A qué apunta la política de persecución penal ciudadana y cuáles son los resultados esperados de esta?

La División de Estudios concluyó que había una necesidad de estandarizar y actualizar la forma de plantear la política de persecución penal. Es por esto que se decidió hacer un levantamiento de los insumos necesarios para la construcción del nuevo instrumento. A diferencia del anterior documento, será fundamental la participación ciudadana para establecer las prioridades en materia de persecución del Ministerio Público. Además, será construida con enfoque territorial, considerando la realidad de cada una de las regiones del país, con herramientas que permitan incluir la perspectiva de género y la adaptación a fenómenos criminales complejos y emergentes.

7. ¿Qué modificaciones legales estima se deben introducir para fortalecer y hacer más eficaz la persecución penal?

Como hemos planteado, necesitamos una nueva ley antiterrorista que aborde sin complejos el combate al terrorismo. La propuesta que nos hizo el Ejecutivo nos parece que es un muy buen avance, se recogieron muchos de los planteamientos que hicimos. Por supuesto, es una iniciativa perfectible, pero estamos confiados en que contaremos con una muy buena ley en el futuro.

También se requieren reformas legales en materia procesal penal para mejorar las herramientas para la efectiva investigación y persecución penal de la delincuencia económica, entre ellas la incorporación de técnicas especiales hasta ahora vigentes para lavado de activos y crimen organizado. Asimismo, debemos avanzar en el estatuto de protección del denunciante. Esa es otra de las legislaciones que nos gustaría impulsar, no tan solo en la denuncia de delitos comunes, sino que particularmente por la protección al funcionario público.

8. En la charla magistral dictada en la Universidad Central usted mencionó que se busca crear una Fiscalía Supraterritorial, ¿cómo funcionaría?, ¿cuál sería el aporte de esta institución?

El funcionamiento de una Fiscalía Supraterritorial busca que cambie la dinámica con la que actualmente se investiga por región. Existen fenómenos criminales que son comunes en el norte del país, en la zona central y en la zona sur, por esta razón hemos propuesto la creación de una Fiscalía Supraterritorial, porque hoy el fenómeno delictivo no reconoce nuestros límites regionales, nuestro límite administrativo interno, y no cabe duda que por una mejor investigación esos límites no pueden ser un obstáculo.

^[1]CNN. Columna de Jorge Jaraquemada: Crisis de seguridad. 26.05.2023.

^[2] El país. Delincuencia en Chile: libertad, seguridad e iliberalismo. Alfred Joignant. 10.04.2023.

^[3] CNN. Columna de Jorge Jaraquemada: Crisis de seguridad. 26.05.2023.