La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una  medida cautelar para proteger la vida e integridad personal de 450 personas agrupadas en aproximadamente 111 familias de la Comunidad Laguna Larga, Municipio de San Andrés, del Departamento de Petén, Guatemala, pertenecientes a los pueblos indígenas maya Q’eqchi, Chuj, así como campesinos y población mestiza.
De acuerdo a la CIDH, los beneficiarios de las medidas cautelares  habrían sido forzados a desplazarse desde su comunidad hacia la comunidad de El Desengaño, perteneciente al municipio de Candelaria, Estado de Campeche, México y se encontrarían viviendo a la intemperie en carpas de acampar y “champas” en una zona rural en la franja fronteriza entre Guatemala y México.
La Comisión concluyó que los pobladores desalojados y desplazados de la Comunidad Laguna Larga se encuentran en una situación de gravedad y urgencia toda vez que están expuestas a una serie de diversos factores de riesgo que incluyen la falta de agua potable, energía, y servicios básicos, lo que ha repercutido en condiciones altamente insalubres y carentes de adecuada higiene.
Asimismo, agrega, que según la información recibida, el área en donde se encuentra la comunidad sería considerada como área endémica y habrían 36 niñas y niños con grados de desnutrición entre moderada, leve o grave, de los cuales entre 7 u 8 niñas y niños tenían desnutrición grave, todos menores de 5 años de edad.
La Comisión también recibió información sobre 14 mujeres embarazadas, entre las cuales había entre 7 u 8 con embarazos de alto riesgo, así como 3 personas mayores con hipertrofia prostática, la cual requería tratamiento médico.
En consecuencia, la Comisión solicitó al Estado guatemalteco que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal de las personas beneficiarias, a través de medidas dirigidas a mejorar, entre otros aspectos, las condiciones sanitarias y de salud, en especial de los niños, niñas, mujeres y personas mayores.
Adicionalmente, la CIDH solicitó al Estado que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal de la población desplazada frente a posibles actos de violencia por parte de terceros o de agentes del Estado.
Por último, la CIDH solicitó al Estado que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición.

Vea texto íntegro del comunicado

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