La iniciativa, patrocinada por los senadores José Miguel Durana, Rojo Edwards, Javier Macaya y Rafael Prohens, junto con la senadora Luz Ebensperger, busca conceder una amnistía general a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, incluyendo a Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y miembros de las Fuerzas Armadas, respecto a sus actuaciones y rol entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020.
Los autores de la moción sostienen que, en octubre de 2019 nuestro país vivió una crisis institucional grave, en que la democracia estuvo en peligro. Junto con marchas pacíficas en que la ciudadanía manifestaba diversas pretensiones legítimas, existieron hechos de violencia sin precedentes, que terminaron con millones de pesos en daños causados a la infraestructura pública y privada, destruyendo el sueño y los trabajos de miles de familias y emprendedores chilenos.
Agregan que, durante el estallido social delincuentes cometieron saqueos, desórdenes públicos, incendios, destrucción de mobiliario y lesiones a funcionarios de orden y seguridad.
Refieren que, frente a esto el Estado reaccionó convocando a las Fuerzas de Orden y Seguridad para desplegar una respuesta estatal que pudiera cumplir con el deber primario del Estado; garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Aseguran que, los episodios de violencia derivaron en que toda nuestra institucionalidad desplegada lograra la detención de miles de personas, procediera a su formalización, y que luego fueran condenados por diversos delitos. Sin embargo, y continuando con la retórica de justificar la violencia, hablando de «presos de la revuelta», una vez electo, el Presidente Boric decidió otorgar indultos a algunos de los condenados, indicando que «no eran delincuentes».
Más aún, reparan en que el Presidente Boric decidió además otorgar «pensiones de gracia», a través de 418 decretos que otorgaron pensiones por hechos ocurridos durante octubre de 2019. De ellos, 40 tenían antecedentes penales y 39 tuvieron solo lesiones leves. Durante la selección de los casos, no hubo en el INDH ni en el Ministerio del Interior una instancia conformada por profesionales de la salud para acreditar las lesiones. Tampoco intervino un órgano técnico calificado en la materia. Finalmente, se tuvo que revocar varias de dichas pensiones.
Contrastan lo anterior con el hecho de que se presentaron 3.216 querellas por parte del INDH, de las cuales solo 33 terminaron en sentencias condenatorias. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, más de 8 mil causas ingresaron por presunta violación a los derechos humanos en el contexto en cuestión. Por ellas, se formalizó a 157 funcionarios de las policías y Fuerzas Armadas, de los que 148 corresponden a Carabineros.
Además, señalan que siguen en curso diversas investigaciones para lograr mayores condenas. Muchos de estos funcionarios, además de ser muy jóvenes, carecían del entrenamiento adecuado, fueron instruidos a controlar el orden público sin que contaran necesariamente con las capacidades y equipamiento adecuado para esos efectos.
Desde otra perspectiva, traen a colación que a lo largo de la historia de Chile es posible encontrar una serie de eventos en los cuales se ha aplicado amnistía durante procesos constituyentes, revoluciones o guerras civiles como las de 1851 y 1891, hasta algunos conflictos políticos relevantes durante el siglo XX. Estas amnistías tuvieron por objeto condonar ciertos delitos, basándose en el cumplimiento de ciertos supuestos y no enfocándose en el «caso a caso».
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De allí que proponen se otorgue una amnistía general a todos los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad que fueron condenados por algún delito en el contexto del Estallido Social, y una amnistía para todos los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad que están siendo investigados o procesados por hechos acaecidos en el contexto del Estallido Social. Con el siguiente articulado:
Artículo 1°. Amnistía general a condenados. – Concédase amnistía a todos los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad, incluyendo Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y miembros de las Fuerzas Armadas, que hubiesen sido condenados, en calidad de autores, cómplices o encubridores, en cualquiera de los grados de desarrollo del delito, por hechos delictivos que hubiesen tenido lugar en el contexto del estallido social.
Artículo 2°. Período de la amnistía general a condenados. – Serán objeto de la amnistía general los delitos referidos en el artículo anterior, cometidos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020, ambos días inclusive.
Artículo 3°. Amnistía general a investigados o procesados. – Concédase amnistía a todos los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad, incluyendo Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y miembros de las Fuerzas Armadas, que estuvieren siendo investigados o procesados, por hechos delictivos que hubiesen tenido lugar en el contexto del estallido social.
Artículo 4°. Período de la Amnistía General a investigados o procesados. – Serán objeto de la amnistía anterior las investigaciones o procesos referidos a los delitos cometidos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020, ambos días inclusive.”
El proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional radicado para su estudio en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
Vea texto de la moción Boletín N° 16.786-07 y siga su tramitación aquí.
Me parece de elemental justicia aprobar el referido proyecto de amnistía como una señal de respaldo a quienes han sido empleados por el Estado para reprimir el vandalismo que tantos daños ha causado.