La acusación constitucional es el arma más poderosa que dispone el Congreso Nacional, que lo posibilita a destituir e inhabilitar a casi todas las altas magistraturas, por lo cual es necesario actuar, imperativamente, con moderación, responsabilidad y restricción, señaló Patricio Zapata. Precisó que dos circunstancias justifican particularmente esta situación: 1) Porque un mal uso de la herramienta podría comprometer el sistema presidencial chileno, ya que se podría prestar para manifestar un desacuerdo con la gestión de un ministro en particular; y 2) Porque la consecuencia de la acusación afecta un derecho fundamental, cual es la inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años. Enseguida agregó que no es un error presentar una acusación frente un incumplimiento reiterado y deliberado de obligaciones precisas y determinadas, pero no por infracción de normas bien generales, que no imponen deberes concretos, sino que imponen una misión. La acusación debe imputar a la persona no cumplir con una regla legal clara, concreta, que impone una obligación de hacer o no hacer, reconocible objetivamente por todos.

Por su parte, Miriam Henríquez sostuvo que la acusación constitucional en contra de la Ministra Blanco no cumple con los requisitos establecidos para su procedencia, pues las razones en que se fundan no encuadran en ninguna causal constitucional, puesto que la causal de dejar las leyes sin ejecución es improcedente ya que en realidad lo que se le imputa es una responsabilidad por hechos de terceros y la responsabilidad constitucional de los Ministros de Estado es personal y directa. En cuanto a la acusación fundada en el motivo de haber comprometido gravemente el honor de la nación, ésta se interpreta en un sentido amplio por quienes acusan haciéndola análoga a la responsabilidad internacional del Estado, lo que es improcedente, pues las causales de inhabilidad se interpretan en sentido restringido.

Finalmente, el profesor Víctor Manuel Avilés también resaltó el carácter excepcional de esta arbitrio, su importancia en el actual sistema presidencialista y la relevancia de las sanciones para los afectados. Sobre el libelo acusatorio sostuvo que tiene un planteamiento erróneo ya que plantea que es un juicio político, cuando se trata de un juicio de responsabilidad jurídica y constitucional. Además, las acusaciones no deben responder por un problema histórico que tenga Chile en relación a la forma en que ha tratado a sus niños en el Sename, sino que a hechos que sean personalmente imputables a la Ministra. Respecto a la imputación de falta de honestidad de la Ministra por haber entregado a sabiendas falsas cifras, estimó que se deben requerir pruebas que acrediten que incurrió en la falsedad. Dijo que puede ser acusada jurídicamente por falta de honestidad al responder las preguntas de la Cámara de Diputados, pero debe probarse que hubo falsedad de parte de ella y no solo un mero error subjetivo, ni menos aún un error imputable a terceras personas. No es prueba, agregó, que se estime de parte de los acusadores que las respuestas fueron evasivas o poco claras respecto de la actividad y diligencia desempeñada por la Ministra al momento de solucionar las objeciones que planteó la Contraloría. "Lo que debe probarse efectivamente es si la Ministra ha ejercido la facultad de control jerárquico de sus subordinados: solicitar los informes, aplicar los sumarios, eso no está para nada claro en el contenido de hechos que están descritos", enfatizó. Sobre la tercera causal, consideró que los hechos ciertamente afectan a Chile, pero remarcó que ello no implica necesariamente un compromiso de parte del Estado o de la nación chilena, aún menos de carácter gravísimo, como lo exige la Constitución, por ello es una causal improcedente.

La defensa de la Ministra Blanco será presentada el 29 de agosto.

Conozca los contenidos de la acusación.

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