La moción de los diputados Alvarez-Salamanca, Coloma, Gahona, Hasbún, Nogueira, Norambuena, Sandoval, Urrutia Soto, Urrutia Bonilla y Van Rysselberghue, expone que la necesidad de incorporar en nuestra administración pública mayores niveles de probidad y transparencia resulta manifiesta, generando con ello una maximización de la legitimidad de nuestras autoridades y funcionarios.
Observa luego que, desde el punto de vista normativo, la acción de los órganos de la administración del Estado se encuentra supeditadas a ciertos y determinados principios concurrentes en todo acto o resolución de un ente público. Así, sostienen que la probidad y transparencia constituyen principios sobre las cuales la administración se erige, y en este sentido toca a todos y cada una de las autoridades de nuestra república, de tal manera que su incumplimiento conlleva responsabilidades desplegadas en todos sus ámbitos de acción, particularmente en lo que se refiere a su esfera penal, civil y administrativa.
Al efecto, los autores de la iniciativa recuerdan que las máximas autoridades de nuestro país se encuentran representadas por el Presidente de la República, el Presidente de la Corte Suprema, Presidente del Senado, el Fiscal Nacional y el Contralor General de la República, los cuales desempeñan las mayores responsabilidades del Estado y por lo mismo deben ser desempeñadas por personas aptas, no solo en el ámbito profesional o intelectual, sino que además en la esfera personal, particularmente en el ámbito de su salud.
En ese sentido, y con el propósito de otorgarles a la ciudadanía garantías que sus gobernantes y demás autoridades se encuentran en condiciones de salud aptas para el desempeño de sus funciones, el proyecto de ley propone modificar la LOC Nº 18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios y la LOC Nº 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, estableciendo la obligación del Presidente de la República, el Presidente de la Corte Suprema, El Fiscal Nacional y el Contralor General de la República de efectuarse cada año un examen médico con el objeto de controlar el estado de salud de estas importantes autoridades que por su naturaleza ejercen las responsabilidades públicas más importantes en nuestro país.
Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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