En fallo dividido, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la Municipalidad de Recoleta a pagar una indemnización de $52.380.000, por modificar la oferta presentada por la empresa demandante en licitación de servicio de guardias de seguridad de dependencias municipales.
La sentencia sostiene que aparece claramente establecido en el proceso, como un hecho no debatido en esta sede, que la comisión de evaluación de la I. Municipalidad de Recoleta en su informe de adjudicación de fecha 30 de agosto de 2012, modificó la oferta presentada por la firma demandante, constituyéndose en un acto ilegal y arbitrario y en tal sentido debe entenderse que existe una falta de servicio dado el incumplimiento manifiesto de sus funciones por parte del órgano público que se ha apartado con ello del marco jurídico que lo regula.
La resolución agrega que la actuación ilegal de la demandada -ya establecida por sentencia ejecutoriada de fecha 21 de enero de 2014 dictada por el Tribunal de Contratación Pública- impidió que la actora de autos pudiera entrar a la ejecución del contrato para la provisión de guardias de seguridad en recintos municipales, lo que en sí mismo aparece de forma meridianamente clara como la afectación de un derecho adquirido, desde que, a la demandante como fluye de los antecedentes de la causa se le adjudicó este contrato y por un error atribuible exclusivamente a la actuación ilegal y arbitraria de la demandada no pudo entrar plenamente a la ejecución de aquel contrato y con ello al goce de las legítimas ganancias que obtendría del mismo.
Decisión adoptada con el voto en contra del abogado Rodrigo Rieloff, quien fue de parecer de confirmar la sentencia apelada en todas sus partes.
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