La acción de repetición busca recuperar el dinero pagado por el Estado a las víctimas que han sufrido vulneraciones a sus derechos, protegiendo el patrimonio público; y, por otro, busca prevenir conductas antijurídicas atribuibles a funcionarios del Estado. Una vez que la entidad pública ha procedido a pagar los valores correspondientes a la reparación, es necesario que se inicie un proceso investigativo que concluya con la identificación de los servidores públicos responsables.