Juró el cargo en noviembre de 2013, pero el municipio instaló el tribunal recién en enero de 2021, tiempo en que no percibió remuneraciones y debió emplearse en otros trabajos para costear gastos de traslado a la ciudad y la mantención de su familia. La Corte Suprema estimó que el demandando provocó un perjuicio permanente en el tiempo, que solo cesó cuando la actora pudo iniciar su labor en 2021.