Cuando la supuesta conducta ilícita surge del incumplimiento por parte del empleado estatal de un deber que se le impone únicamente en virtud de su empleo estatal, la inmunidad soberana prohíbe la acción en el tribunal de circuito. Pero cuando se acusa al empleado de incumplir un deber que se le impone independientemente de su empleo estatal, no se aplicará la inmunidad soberana.