Los demandantes no aportaron pruebas de que existiera un riesgo real de ser condenados a cadena perpetua sin libertad condicional si eran extraditados a los Estados Unidos. Los cargos de los solicitantes estarían relacionados principalmente con el tráfico de drogas, delitos por los cuales menos del 2% de las condenas en el Distrito Este de Texas fueron de cadena perpetua.