El sistema de protección de los derechos garantizados por el Convenio se basa en el principio de subsidiariedad y, de acuerdo con ese principio, corresponde a los tribunales nacionales hacer respetar los derechos garantizados por el Convenio. Así, este sistema no podría funcionar correctamente si los tribunales nacionales no administraran justicia dentro de un plazo razonable, lo cual ocurrió en el caso concreto.