Se le sustituyó al amparado la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional por el lapso de 10 años, cuya ejecución debía realizarse en el plazo de 120 días corridos, pero la PDI ninguna medida ha adoptado para cumplir con la orden de expulsión en el plazo otorgado, justificando su omisión en que no le habría sido remitida la nómina por Gendarmería.