El procedimiento de nombramiento de jueces influenciado por los poderes legislativo y ejecutivo es incompatible con el artículo 6 del Convenio.

El Tribunal de alzada acogió el reclamo, tras establecer que en la especie la autoridad recurrida infringió el principio de imparcialidad. 

Dicha Comisión adujo que las intervenciones de los jueces deben ajustarse al concepto de “neutralidad política” que inspira los principios de imparcialidad, independencia e integridad de los miembros de la Carrera Judicial.