Establece una serie de medidas que buscan regularizar la promoción de productos, tendencias y cirugías que puedan ser perjudiciales para los usuarios, así como las conductas fraudulentas que deriven de esta actividad. También regula a los agentes de los influencers, y les impone la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil. Los infractores se arriesgan a una multa de $300.000 euros, o incluso a ser condenados a dos años de cárcel.