La magistratura estimó que la mera comunicación de una nueva dirección al momento de gestionar la adquisición de la patente a su anterior dueño, no satisface el requisito de comunicar formalmente el nuevo domicilio para efectos de ejercer la venta de alcoholes, por ende, la no renovación del permiso no vulneró el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, como intentó hacer ver el recurrente.