Debe pagar 45 millones de pesos en favor del demandante, por no cumplir con la obligación de capacitar y brindar seguridad al trabajador, que constantemente fue expuesto a labores de fuerza sin contar con los elementos técnicos adecuados ni instrucción previa, aún después de ser diagnosticado por la ACHS que ordenó que el actor debía realizar trabajos livianos.