El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el principio de proporcionalidad, desde que existe una diferenciación arbitraria entre a quienes se les aplica las reglas ordinarias de determinación de la pena señaladas en el artículo 52 del Código Penal, mientras que, en el caso en concreto, en virtud de la aplicación del artículo impugnado, se fija una diferenciación que exaspera exageradamente la pena que en concreto se termina imponiendo.