Se analiza, una sentencia que involucra a «Revisiones Técnicas Mival Metropolitana Limitada» y su disputa con usuarios sobre cobro de propinas. Se cuestiona por qué se resolvió administrativamente, en lugar de ante el SERNAC o los Juzgados de Policía Local. Atribuyendo esto, a un contrato de concesión que establece una relación jurídico-administrativa. Se destaca que el Derecho Administrativo no requiere que una parte sea pública, aplicándose cuando los privados ejercen potestades públicas. Se aboga por una colaboración público-privada en la protección del bien común sin alterar la naturaleza privada de las partes.