El Servicio de Salud de O’Higgins alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que de manera arbitraria le impide a los empleadores contra los cuales se decreta una medida cautelar que la misma sea examinada por los tribunales superiores de justicia, quedando, por tanto, en una situación de menoscabo respecto a la contraria.