El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el debido proceso, el derecho a un precio justo, el derecho de propiedad y el principio de proporcionalidad, desde que se rebajó el mínimo de la subasta sin escuchar al ejecutado de forma previa, cuya reducción, le generó un grave perjuicio a su patrimonio al resultar excesivo.