La iniciativa eleva a rango legal las obligaciones existentes a nivel reglamentario, otorga una acción popular para la denuncia de tales infracciones, da garantía y concreción al deber general de protección del artículo 184, específicamente, respecto de las medidas sanitarias y de higiene, y establece un mandato legal para que todas las licitaciones, convenios y contratos entre la autoridad respectiva y empresas de transporte público contengan, al menos, una cláusula que asegure el conocimiento y cumplimiento de las obligaciones detalladas en el nuevo artículo 193 bis nuevo.