Es razonable esperar que los niños y las familias indígenas reciban servicios que sean más apropiados para sus realidades culturales, lo que reducirá la sobrerrepresentación de los niños indígenas en los entornos de servicios para niños y familias. También es razonable pensar que la Ley ayudará a evitar la pérdida de tiempo y recursos involucrados en litigios o negociaciones prolongadas sobre si un grupo, comunidad o pueblo indígena en particular tiene jurisdicción.