Derecho al autogobierno de los pueblos indígenas en materia de familia e infancia, se reconoce por la Corte Suprema de Canadá.

La Corte Suprema de Canadá dictaminó la constitucionalidad de la Ley sobre los niños, jóvenes y familias de las Primeras Naciones, los Inuit y los Métis (la Ley). De este modo, afirmó el derecho al autogobierno de los pueblos indígenas canadienses en materia de familia, otorgando a estos un control efectivo para establecer servicios en pos del bienestar de sus hijos.

En 2019, el Parlamento canadiense aprobó la Ley, con el objetivo de establecer normas nacionales que otorgaran mayor control a los pueblos indígenas sobre el bienestar de sus hijos. La ley establece principios como el interés superior del niño y la garantía de la continuidad cultural, además de reconocer el derecho de autogobierno de los pueblos indígenas, incluida su jurisdicción para legislar en asuntos relacionados con los servicios para niños y familias.

Sin embargo, el Fiscal General de Quebec (provincia canadiense) cuestionó la constitucionalidad de la ley por ser ultra vires (transgresión a los límites de la ley), al alegar que invadía áreas de la jurisdicción provincial exclusiva. El Tribunal de Apelaciones de Quebec determinó que la ley era en su mayoría constitucionalmente válida, excepto por ciertas disposiciones que priorizaban las leyes de los pueblos indígenas sobre las leyes provinciales.