La Fiscalía busca revertir la orden de la jueza de garantía que dispuso la entrega de los nombres y domicilios de los testigos protegidos a la defensa del imputado. El ente persecutor pretende evitar dar a conocer las identidades de los testigos que accedieron a colaborar bajo anonimato, por temor a las represalias que pudieran tomar en contra de ellos la agrupación que lidera el imputado, conocida por ejecutar diversos actos violentos contra el orden público y la seguridad de las personas.
Comentan Elke von Loebenstein y Felipe Godoy, investigadores de Diario Constitucional.