Diario Constitucional

Desestima valor de acuerdo entre Gobierno y ANEF

CS confirma sentencia y rechaza protección por término de contrata

Se dedujo acción de protección en contra de la Junta de Auxilio Escolar y Becas, (JUNAEB), por cuanto puso término anticipado a la contrata bajo la cual servía un funcionario.

Por Redacción·31 de mayo de 2013·2 min de lectura
Imagen: Corte Suprema
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El actor consideró que tal proceder era arbitrario e ilegal, ya que fue desvinculado en forma verbal y sin fundamento alguno, en infracción a los artículos 4 y 5 de la Ley N° 19.880, al artículo 13 de la Ley N° 18.575 y al artículo 7° del Convenio 151 de la OIT, además del protocolo de acuerdo celebrado con las organizaciones de funcionarios para evitar el término de las contratas, lo que vulneraría sus garantías constitucionales, en específico, las de la igualdad ante la ley y las del derecho de propiedad.

Informando el libelo, la recurrida solicitó su rechazo, por cuanto el protocolo no modifica lo dispuesto por el Estatuto Administrativo, dando cuenta de la regulación de este tipo de empleos, para concluir que no existe ilegalidad ni arbitrariedad alguna. Se solicitó informe al Presidente de la ANEF, quien señaló que el protocolo de acuerdo es una convención. Se solicitaron informes además al Ministro del Interior y al Ministerio de Hacienda, quienes señalaron que tal protocolo se tradujo en oficios conteniendo lineamientos y recomendaciones.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó con costas la acción de protección. La Corte Suprema, en alzada, confirmó la sentencia, dejando sin efecto la condena en costas. En su fallo, la Corte de Santiago señaló que “de acuerdo al artículo 10° del Estatuto, Administrativo los empleos a contrata durarán como máximo hasta el 31 de Diciembre de cada año y quienes los sirvan expiraran en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley, siendo su carácter esencialmente transitorio” y que el Protocolo de Acuerdo que cita el recurrente “es precisamente solo eso, un protocolo que contiene una recomendación para los jefes de servicio, pero en ningún caso puede sostenerse que implique una modificación legal, ni menos constitucional, que impida a la autoridad competente hacer uso de una facultad que le confiere la ley”.

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