Si no consta que el defensor solicitó al Fiscal que citara a declarar durante la investigación al testigo que confesó haber cometido el delito, no se puede anular la sentencia condenatoria por no haberse impedido al defensor ejercer su labor.

La Corte de Apelaciones de Talca rechazó el recurso de nulidad en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la capital de la región del Maule, que condenó al acusado a la pena de 540 días de reclusión menor en su grado mínimo, como autor del cuasidelito de homicidio y a la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, como autor del delito de incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad de todo accidente en que se produzca la muerte de una persona.

El recurrente alegó que se falló vulnerando el derecho al debido proceso y el principio de razón suficiente, ya que, sólo se le tomó declaración durante la sede investigativa al imputado, en circunstancias que no sólo de acuerdo a lo manifestado por los testigos, el primo del imputado también tenía las mismas características físicas, sino que además, no se le tomó declaración al padre del imputado, quien durante la audiencia de juicio confesó haber sido quien provocó el accidente, por lo que el Ministerio Público faltó al principio de objetividad, desde que su línea investigativa sólo apuntó a encontrar la culpabilidad del imputado, más no de quien realmente ocasionó el accidente en cuestión, pese a que la defensa le solicitó por vía telefónica al fiscal titular de la causa que le tomara la declaración al padre del imputado, en cuanto una de las practicas que se utiliza por los litigantes penalistas, es realizar conversaciones por vía telefónica o por WhatsApp con el Fiscal por ser un medio más rápido y efectivo.

Aduce que, por el sólo hecho de no tomarle la declaración a quien confesó haber cometido los ilícitos, significa que el Fiscal estaba desde un inicio parcializado en la idea de culpar al imputado, es decir, el Ministerio Público actuó bajo la denominada visión del túnel, lo que, según la doctrina en derecho comparado, se entiende como aquel fenómeno que lleva a los actores del sistema de justicia criminal a centrarse en un solo sospechoso a fin de construir un caso para condena.