Con 92 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Especial encargada de investigar la actuación de los organismos públicos competentes en relación al eventual fraude de empresas de inversión.
El texto presenta una visión crítica de la actuación que tuvieron en este ámbito las instituciones fiscalizadoras del Estado, investigación que fue presidida por el diputado Cornejo desde abril de este año con el objetivo de "recabar información sobre los actos de gobierno relativos al control, regulación o fiscalización de las empresas que intervienen en el mercado financiero, en cuanto a su relación con el presunto fraude cometido por AC Inversions, IM Forex, Investing Capital y otras empresas respecto de las cuales existieran antecedentes similares de infracciones a la ley, que pudieran investigarse a futuro".
El informe sugiere al Ejecutivo que se promueva el fortalecimiento de las Superintendencias de Banco e Instituciones Financieras (SBIF) y la de Valores y Seguros (SVS), no solo desde el punto de vista de la ampliación de sus competencias y facultades, sino también desde la perspectiva de la logística y de la operativa.
Respecto de la Unidad de Análisis Financiero, el texto plantea que debe legislarse para buscar un equilibrio entre el deber de secreto de los funcionarios de la UAF y el deber de todo funcionario público de denunciar hechos que puedan configurar un delito, y que incorpore expresamente como una de las facultades del organismo remitir al Ministerio Público un reporte de operaciones sospechosas en posibles delitos de fraude masivo.
Y en el caso del Servicio de Impuestos Internos, se piden sanciones para aquellos funcionarios que no cumplieron oportunamente con sus deberes.
En cuanto al Ejército se critica que la institución aprovechara sus facultades y competencias solo para atender los problemas internos que muchos de sus funcionarios tenían, sin que dieran cuenta ni pusieran en conocimiento al resto de las autoridades de la situación que ellos habían podido comprobar.
El texto especifica también que "existen entidades que participan del mercado de capitales que prestan servicios, que actualmente no están sometidos a regulación sectorial y que, por lo tanto, no cuentan con las mismas exigencias o requisitos en la prestación del servicio o en cuanto a divulgación de información, respecto a aquellas entidades que si son fiscalizadas”.
Asimismo, se plantea que deben establecerse sanciones administrativas y penales que eleven los costos de cometer conductas ilícitas en los mercados financieros y establecer requerimientos de información continua y pública respecto a las recomendaciones que ofrecen a sus clientes, las rentabilidades y riesgos asociados, entre otras, como asimismo sobre posibles conflictos de interés que afecten al asesor al proporcionar su recomendación.
Adicionalmente, se propone que la SVS tenga facultades operativas e intrusivas en condiciones similares a las que posee la USA Securities and Exchange Commission (SEC), a objeto de robustecer sus atribuciones y competencias para perseguir de modo proactivo y eficaz la eventual concurrencia de ilícitos.
Otro conjunto de propuestas incluye el reforzamiento de las herramientas penales, con sanciones más severas para quienes hayan cometido fraudes masivos; para el caso de ejercer una actividad para la cual la entidad requiere estar inscrita previamente en un registro público y no lo haga; para la entrega de información falsa o tendenciosa sobre las características y riesgos asociados a las inversiones ofrecidas; y la inclusión del delito de captación ilegal de fondos de terceros como precedente de lavado de activos.
Además, se propone mayor coordinación y transparencia en el manejo de la información.
También, mejorar la coordinación de la UAF con otros reguladores financieros y servicios de Hacienda, manteniendo los necesarios resguardos de confidencialidad y que el organismo participe en análisis financieros en conjunto con otros servicios de Hacienda.
Por último, se busca reforzar las responsabilidades de los agentes de los mercados, dando urgencia al proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica las leyes N° 18.045 y 18.046, que establece nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados.
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