TC de República Dominicana declaró inadmisible acción directa de inconstitucionalidad contra ley que establece beneficios sólo para trabajadores de la construcción sindicalizados.

El Tribunal Constitucional de la República Dominicana declaró inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad deducida contra la Ley núm. 6-86, que instituye el Fondo Nacional de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajos Sindicalizados del área de la Construcción y todas sus ramas afines y la Sentencia núm. 893-2013, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

En su libelo, los accionantes sostuvieron que la ley y la resolución impugnadas vulneran el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad y los principios del régimen tributario, ya que el artículo 1 de la Ley número 6-86 dispone que los beneficios de las pensiones y jubilaciones solo serían aplicables a los trabajadores del sector de la construcción que pertenecen a un sindicato, lo que atenta contra la libertad sindical, la cual implica que a los trabajadores no se les puede impedir el acceso a la organización sindical, ni mucho menos se les puede exigir que se afilien a un determinado sindicato, aun y sea para obtener un beneficio. Como consecuencia de lo anterior, la Ley 6-86 y por ende la Sentencia Civil 893-2013 dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, deben ser declaradas inconstitucionales.

En su sentencia, el TC dominicano señaló que el acto impugnado no se encuentra contemplado dentro de las disposiciones que enuncia la Constitución de la República, ya que la indicada solicitud de inconstitucionalidad se interpuso contra una sentencia judicial que está sujeta a las acciones y recursos establecidos por la ley. Agregó que ni la Constitución, ni la Ley núm. 137-11, posibilitan accionar en inconstitucionalidad por vía directa contra decisiones jurisdiccionales, en razón de que la ley sí ha previsto un procedimiento distinto a la acción directa de inconstitucionalidad cuando se trate de sentencias con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada dictada por los tribunales del orden judicial. Así, en lo que respecta a las acciones directas contra decisiones del Poder Judicial, el criterio de la magistratura constitucional es la inadmisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad contra decisiones jurisdiccionales u otra actuación distinta a las comprendidas en la Constitución y la Ley núm. 137-11.