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Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó proyecto que establece obligatoriedad del kínder.

En 2007 se estableció el acceso gratuito y universal al segundo nivel de transición. Sin embargo, no se había normado la forma en que esto se implementaría ni el gasto asociado.

24 de octubre de 2018

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó y despachó proyecto que viene a regular la implementación de la obligatoriedad de que niños y niñas acudan al kínder. 
Cabe recordar que desde 1999 que la Constitución señala la obligatoriedad del Estado de garantizar el acceso a la educación parvularia. En 2003, se reconoce como un nivel educativo y cuatro años más tarde se establece el acceso gratuito y universal al segundo nivel de transición, conocido como kínder.
En 2007 se estableció el acceso gratuito y universal al segundo nivel de transición. Sin embargo, no se había normado la forma en que esto se implementaría ni el gasto asociado.
No obstante, la idea de la propuesta no es escolarizar tempranamente a niños y niñas. Por lo mismo, explicó el diputado Bellolio se estableció en la norma, a través de una indicación, que “lo que se privilegie en la forma de enseñanza sea a través del juego y las diversas formas en que se aprende a esa edad, y no a través de la forma rígida y estructurada que ya no aguanta mucho más en los colegios”.
La norma también establece la obligatoriedad del Estado de entregar a todos los niños y niñas la posibilidad de realizar el segundo nivel de transición de educación parvularia y garantiza, además, que no puede evaluarse con pruebas haber cursado el kínder.
“Aquí no se trata que los niños y niñas den una prueba escrita o den pruebas de estudio. Sino que dejamos claro que deben ser niveles de aprendizaje en esta etapa”, explicó la presidenta de esta comisión, diputada Girardi.
De acuerdo a lo señalado en el proyecto, se calcula que son cerca de 6 mil niños y niñas quienes ingresarían a este nivel de educación anualmente. Lo que significa un costo cercano a los 140 mil pesos mensuales por cada uno, por concepto de subvenciones y alimentación escolar.
La nueva norma además implica un mayor gasto para el Estado por la necesidad de aumentar el número de educadores, lo que tendría un costo cercano a los 444 millones de pesos. A esto se suman los gastos por aumento en infraestructuras que rondarían los 1.182 millones de pesos.
Así, para analizar estos datos sobre el costo de la nueva norma, es que el proyecto será analizado por la Comisión de Hacienda, antes de ser debatido en la Sala. 

 

Vea texto íntegro del mensaje, discusión y análisis

 

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