El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil determinó que se debe restablecer el uso obligatorio de mascarilla de protección individual para todos los trabajadores penitenciarios.
Respecto de los hechos, consta que partidos de oposición (PDT, Rede Sustentabilidade y PT) impugnaron los vetos del presidente de la República, Jair Bolsonaro, en cumplimiento de la Ley 14.019 / 2020 que exige el uso de equipamiento necesario para la circulación en espacios públicos y privados accesibles al público.
Al respecto, el máximo Tribunal de Brasil adujo que, habiendo manifestado el veto, el Presidente de la República no puede retirarlo ni retractarlo para sancionar el proyecto vetado. La jurisprudencia del STF se guía por la lógica de la preclusión entre las etapas del proceso legislativo. Así, si hay un veto parcial, la parte no vetada del proyecto de ley pasa a ser promulgada y publicada.
Enseguida, la sentencia expuso que los dos dispositivos que fueron objeto de la republicación con veto establecen importantes medidas para combatir la pandemia. Además de prever el uso obligatorio de máscaras de protección personal a todos los trabajadores penitenciarios, imponen el deber de colocar carteles informativos sobre el uso correcto de las máscaras y el número máximo de personas permitidas al mismo tiempo dentro de los establecimientos cerrados.
A continuación, el alto Tribunal expuso que la situación de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad ante los riesgos de la nueva pandemia de coronavirus ha sido destacada por organismos internacionales de protección de derechos humanos. En el caso brasileño, la obligación legislativa de utilizar equipos de protección personal en las cárceles y establecimientos socioeducativos es de suma relevancia, dada la precariedad estructural de las políticas de salud en estos sistemas.
Finalmente, el STF recordó que, a fines de julio, según datos difundidos por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), ya había más de 17 mil casos confirmados de Covid-19 en el sistema penitenciario brasileño y 2.420 infectados en el sistema socioeducativo. Asimismo, se resaltó que, debido a la escasez de pruebas, existen pruebas sólidas de que estas cifras están subestimadas.
Vea texto íntegro del comunicado.