Tribunal Constitucional acogió inaplicabilidad y declaró inaplicable para la gestión pendiente normas que impiden contratar con el Estado a empresa denunciada por presunta vulneración de derechos fundamentales.

El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y declaró inaplicable para resolver la gestión pendiente, la expresión “Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.”, contenida en el inciso primero del artículo 4º de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y el inciso final del artículo 495 del Código del Trabajo, que señala: “Copia de dicha sentencia deberá ser remitida a la Dirección del Trabajo y que dicho organismo, tendrá que llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o desleales, debiendo publicar semestralmente la nómina de empresas y organizaciones sindicales infractoras”.

La empresa requirente accionó en el marco de un procedimiento de tutela laboral, con motivo de una denuncia de vulneración de derechos fundamentales con relación laboral vigente, y daño moral, ante el seguido ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. En tal gestión, el trabajador denuncio vulneración de su derecho a integridad física y psíquica, con motivo de una sobrecarga de trabajo que habría repercutido en su salud profesional y diversas infracciones de la normativa legal que regula el teletrabajo en Chile. Se encuentra pendiente de realización audiencia de juicio oral en la misma.

La requirente alegó que se vulnera la igualdad ante la ley (art. 19 N° 2 de la Constitución), homologando arbitrariamente situaciones muy diferentes. Se aplica la misma sanción a quién se aprovecha de sus trabajadores en forma severa, reiterada y/o con vistas a obtener pequeñas ventajas competitivas, y a otros que se encuentran en una situación muy diferente. Esta igualación carece de justificación suficiente, ya que no sirve, sino que perjudica a la contratación administrativa. Ambos son fines que el legislador expresamente declara como propósito de la ley administrativa. Dicha sanción tampoco fomenta realmente la mejor competencia entre proveedores. Y desde la perspectiva laboral, existen otras normas legales destinadas al mismo objeto de protección, más efectivas y sustancialmente menos interferentes con los derechos fundamentales.