Las municipalidades no se encuentran habilitadas para abrir y administrar farmacias veterinarias populares, por lo que el SAG no puede autorizar el funcionamiento de esas instalaciones, dictamina la Contraloría.

El SAG de la Región Metropolitana –previa consulta que le realizó la Municipalidad de Peñalolén respecto a las exigencias necesarias para la instalación de una farmacia veterinaria municipal- se dirigió ante la Contraloría solicitando un pronunciamiento sobre la procedencia de que las entidades edilicias administren y gestiones farmacias de estas características y de ser efectivo, si se encuentra facultado como órgano público sectorial a autorizar el funcionamiento de las mismas.

El SAG indica que al analizar la normativa que regula la materia, en principio estima que no se encuentra dentro de las facultades de los municipios estar a cargo de manera directa de una farmacia veterinaria de carácter popular.

El Contralor precisa que en conformidad al artículo 4 letra b) de la Ley 18.695 (LOC de Municipalidades), el artículo 38 inciso 2 del DL 3.063 de 1979 y el artículo 12 del DFL 13.063 de 1980 del Ministerio del Interior, “las entidades edilicias, en el ámbito de su territorio pueden desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración, funciones relacionadas con la salud pública, pudiendo tomar a su cargo, la administración de los servicios de atención primaria de salud”.