No procede revocar la suspensión de la pena si el condenado todavía tiene plazo para reclamar en contra del requerimiento y de la sanción de multa que motivo esa decisión, resuelve la Corte Suprema.

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Valparaíso que rechazó un recurso de amparo en contra del Juzgado de Garantía de Los Andes, por haber revocado la suspensión de la pena a pesar de no encontrarse firme el fallo por el que se decretó la misma, infringiéndose lo dispuesto en el artículo 398 del Código Procesal Penal, afectándose con ello la libertad personal del amparado en cuanto se le expuso a purgar efectivamente la pena pecuniaria que le fue impuesta, en cuanto ésta es susceptible de ser cumplida -vía sustitución y apremio- mediante la modalidad de reclusión.

El recurrente alegó que en octubre de 2022 el Juzgado de Garantía en la audiencia de control de detención, derivada de la incomparecencia a audiencia de procedimiento simplificado, advirtió que la sentencia dictada en procedimiento monitorio en mayo del mismo año por la que se lo condenó al pago de una multa por hechos ocurridos en abril pasado, no le fue notificada, para lo cual procedió a notificarlo y revocar la suspensión de la ejecución de la condena conforme al artículo 398 del Código Procesal Penal, lo que amenaza su libertad personal, puesto que el hecho que motivó el requerimiento en procedimiento simplificado, es anterior a la notificación de la sentencia en procedimiento monitorio, de modo que no se puede revocar la suspensión de la pena. Incluso si el hecho que motivó el procedimiento simplificado hubiese sido posterior a la fecha en que se notificó el requerimiento monitorio, no se puede dejar sin efecto, ya que el plazo de 6 meses aún no comienza a correr por no estar ejecutoriada.

El recurrido informó que “(…) el profesor Cury y otros penalistas han señalado que la regla de in dubio pro reo no es un axioma de interpretación de la ley penal, sino que una regla procesal. Por consiguiente, procesalmente se cumplió con la ritualidad, por cuanto el objeto perseguido por el legislador es diáfano: la norma habla de “nuevo requerimiento o formalización”, sin más, y, por supuesto, dentro del plazo conforme al artículo 398 del Código Procesal Penal.”