España.
Las vacaciones no responden como finalidad exclusiva a la reposición de energías. Ello supondría reducir al trabajador a un mero factor de producción y negar su libertad, durante aquel período, para desplegar la propia personalidad.
El empresario debe, en particular, velar de manera concreta y transparente por que el trabajador pueda efectivamente disfrutar de sus vacaciones anuales pagadas incitándole, en su caso, formalmente a hacerlo, e informarle de manera precisa y oportuna para asegurar que tales vacaciones sigan pudiendo garantizar al interesado el descanso y el ocio a los que pretenden contribuir.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (España) acogió parcialmente el recurso de suplicación deducido por un trabajador que fue desvinculado de su trabajo,. Contaba con vacaciones que no fueron pagadas por su empleador.
El recurrente, que se desempeñaba como camarero en un restaurant, fue desvinculado de la empresa en 2021 por fuerza mayor, razón por la cual demandó a su empleador para exigir su reincorporación y el pago de remuneraciones adeudadas. Su pretensión fue desestimada en lo relativo al despido, aunque el juez resolvió que “(…) la empresa debe pagar la indemnización reconocida en la carta de despido que asciende a 2.236,75 euros más otros 534,5 por diferencias de preaviso. Se estima parcialmente la petición de cantidad y se condena a la empresa al pago de 267,25 euros en concepto de vacaciones de 2020, cantidad esta que devengará un interés del 10% en concepto de mora”. Contra este fallo el trabajador dedujo recurso de suplicación, pues no reconoció las vacaciones adeudadas correspondientes al año 2019.
En su análisis de fondo, el Tribunal observa que “(…) a la vista del relato histórico, se comparte el criterio de la sentencia recurrida de que la acción de despido está caducada. Según dispone la norma el ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos temporales caducará a los veinte días siguientes de aquel en que se hubiera producido. Los días serán hábiles y el plazo de caducidad a todos los efectos. El recurrente se limita a hacer supuesto de hecho de la cuestión, para lo que parte de datos fácticos carentes de reflejo en la versión judicial de los hechos y, por tanto, de conclusiones que no se deducen de ella, intentando, así, sentar conclusiones jurídicas dispares de las alcanzadas por la Magistrada de instancia”.
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