Libertad de expresión.
Denuncia contra de Ministra de Igualdad por el delito de injurias a instituciones del Estado, con ocasión de haber manifestado que los jueces eran machistas, fue declarada inadmisible por el Tribunal Supremo de España.
A la crítica cabe cualquier opinión, por equivocada o peligrosa que pueda parecer al lector, incluso aquellas que ataquen al propio sistema democrático.

El Tribunal Supremo de España declaró inadmisible una denuncia presentada por un sindicato de funcionarios públicos en contra Irene Montero, Ministra de Igualdad, por los delitos de injurias a instituciones del Estado, con agravante de prevalimiento de su carácter público.
En la denuncia se manifestó que la ministra, con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, emitió expresiones vejatorias contra miembros del Poder Judicial, las cuales tuvieron una escandalosa repercusión tanto a nivel nacional como internacional, ya que utilizó expresiones como «machistas», «fascistas de toga», «prevaricadores», entre otros, por lo que consideran que las expresiones fueron lo suficientemente graves como para reputarlas como un delito de injurias a instituciones del Estado.
El máximo Tribunal refiere que, “(…) es claro que las declaraciones o manifestaciones a las que la denuncia se refiere, y que se atribuyen a una ministra del gobierno, diputada y representante de una formación política, guardan relación con un asunto de interés público, que difícilmente podría desvincularse del debate político.”
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