Temas públicos.
Estado social de derecho no implica crear monopolios estatales, es el título de una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo.
Las implicancias de un Estado social de derecho no son únicas en cuanto a cómo se proveen los derechos sociales. Por el contrario, los países se organizan de manera diferente, en base a consideraciones particulares. Lo anterior no significa “constitucionalizar” una u otra forma de organizarse, pero tampoco desconocer los riesgos que implica desconocer el aporte privado en ámbitos como la educación y la salud en la historia de Chile.
El Estado social y democrático de derecho garantiza a las personas, además de las libertades clásicas, la provisión de ciertos bienes sociales. Sin embargo, y a propósito de la discusión al interior de la Comisión de Expertos, esta definición nada dice sobre la manera en que estos bienes deben ser provistos, señala una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo, que lleva por título “Estado social de derecho no implica crear monopolios estatales”.
Enseguida la publicación pone de relieve que una concepción estatista del Estado social de derecho, en su versión más extrema, prohíbe la provisión de bienes sociales por parte de privados, y monopoliza dicha actividad en el Estado; y, en su versión menos extrema, permite que los privados colaboren con él, pero subordinados a las normas que fije éste, particularmente respecto a su financiamiento o administración. En cambio, una concepción liberal del Estado social de derecho, debe ser respetuoso de la libertad de las personas y la autonomía de los cuerpos intermedios, debe valorar el esfuerzo y la responsabilidad personal y comunitaria, y secundar las decisiones de las personas sobre cómo prefieren obtener los fines que se han propuesto, sin paternalismos. Bajo esta definición, el Estado, para el cumplimiento de sus fines, debe incorporar y promover la participación de los privados en la provisión de bienes sociales, ya sea por sí mismos o bajo formas de colaboración público-privadas.
Estos matices, agrega la publicación, demuestran que no hay una única forma de entender dicho concepto respecto al rol del Estado en la provisión de derechos sociales. Desde el punto de vista práctico, entre los países que se definen constitucionalmente como un Estado social, existen variadas interpretaciones acerca del papel del Estado en relación a dicho concepto y cada país lo aplica de forma diversa en su organización, lo que obviamente influye en cómo se proveen los derechos sociales.
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