Código Procesal Penal se modifica para fortalecer y extender técnicas especiales de investigación a casos de criminalidad organizada.

Con fecha 15 de junio pasado, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N°21.577, que fortalece la persecución de los delitos de delincuencia organizada, establece técnicas para su investigación y robustece comiso de ganancias.

A nivel procesal, el Código Procesal Penal sufre veinticuatro modificaciones. Una de ellas dice relación con las medidas cautelares reales, por cuanto de acuerdo con la incorporación del inciso final nuevo en el artículo 157, el Ministerio Público a fin de asegurar que los bienes sean suficientes para hacer efectivo el comiso de las ganancias provenientes de delito, deberá solicitar las medidas cautelares que correspondan, para lo cual el juez podrá autorizar la retención de dineros o cosas muebles que se encuentren en poder del imputado o de terceros, o en cuentas de bancos o en fondos generales administrados por terceros. Dicha medida, en virtud del nuevo artículo 157 bis, podrá ser concedida incluso sin audiencia del afectado, sin embargo, una vez decretada, el tribunal deberá fijar un plazo no inferior a treinta días ni superior a ciento veinte días para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva. Transcurrido este plazo sin que se produzca la formalización, o sin que Fiscalía solicite la mantención de la medida con ocasión de la formalización, la medida quedará sin efecto.

La etapa de investigación también sufre una modificación, en cuanto a las actuaciones por parte del organismo persecutor, lo que queda reflejado en la incorporación del artículo 218 ter, destacando particularmente que el Ministerio Público, sin autorización judicial podrá requerir a cualquier proveedor (público o privado) que ofrezca servicios nacionales, los datos de suscriptor que posea sobre sus abonados, así como la información referente a las direcciones IP utilizadas por éstos para facilitar la identificación de quienes corresponda en el marco de la investigación. Los proveedores de servicios deberán mantener el secreto de esta solicitud, salvo que se les cite a declarar y, los antecedentes deberán ser entregados dentro del plazo que disponga la resolución judicial, de lo contrario la información podrá ser requerida al representante legal de la institución u organización de que se trate, bajo apercibimiento de arresto, excepto que le informe al tribunal que no puede cumplir con el plazo en atención al volumen y la naturaleza de la información solicitada. A su vez, las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de internet, deberán mantener, con carácter reservado y adoptando las medidas de seguridad correspondientes, a disposición del Ministerio Público, por un plazo de un año, una nómina y registro actualizado de sus rangos autorizados de direcciones IP y de los números IP de las conexiones que realicen sus clientes o usuarios, con sus correspondientes datos relativos al tráfico, así como los domicilios o residencias de sus clientes o usuarios, de no ser así se castigará conforme a las sanciones y el procedimiento previsto en los artículos 36 y 36 A de la Ley General de Telecomunicaciones y/o a la pena de presidio menor en su grado máximo si no se cumplió con el deber de secreto y de seguridad.