Autoridades deben reubicar a docente que fue amenazada por oponerse a que las FARC reclutaran forzosamente a su hijo.

La Corte Constitucional de Colombia acogió la acción de tutela deducida por una profesora que fue amenazada por negarse a que su hijo fuera reclutado por grupos guerrilleros. Amparó sus derechos fundamentales a la vida digna, a la integridad personal, a la salud y a la unidad familiar.

Según los hechos del caso, una docente fue amenazada de muerte por efectivos de las FARC tras oponerse al reclutamiento forzoso de uno de sus dos hijos menores de edad. Denunció el hecho a las autoridades y solicitó su traslado a otra localidad para salvaguardar la vida e integridad de su familia.

La autoridad educativa denegó la solicitud, por cuanto no se requerían nuevos docentes en las localidades elegibles, a pesar de las amenazas proferidas en su contra y de sus múltiples problemas de salud, por los cuales poseía una discapacidad del 57,14%. La mujer recurrió esta decisión a través de una acción de tutela que fue rechazada. El tribunal estimó que no agotó la vía administrativa respectiva y que no había acreditado debidamente una afectación a sus derechos. La docente recurrió este fallo en sede constitucional.