La autoridad falló al aplicar de forma automática e irreflexiva la causal de finalización del esquema de seguridad al núcleo familiar del accionante tras su captura. El contexto generalizado de inseguridad que vienen padeciendo los desmovilizados de las antiguas FARC-EP y los antecedentes de violencia en su contra requerían de un análisis sopesado y riguroso antes de levantar el esquema de protección.
La Corte señala que al extraditado no se le puede aplicar la garantía de no extradición debido a que los hechos por los que es requerido no tienen que ver con el conflicto armado colombiano y fueron posteriores a la firma del acuerdo de paz con las FARC.
Cuando un habitante del territorio está sometido a amenazas insoportables a su vida, es imperativo que el Estado adopte las medidas tendientes a proteger a la persona, para que estos peligros que se ciernen sobre ella no se materialicen.
