La mayor o menor extensión del mal causado producido por el delito, constituye una situación fáctica cuya determinación corresponde apreciar a los jueces del tribunal oral, resuelve Corte de Temuco.

La Corte de Temuco rechazó el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la capital de la región de la Araucanía, que condenó al acusado a la pena de diez años de presidio mayor en su grado mínimo, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; a la pena de interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la Ley designa, y la de sujeción a la vigilancia de la autoridad durante el periodo de diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal, sujeción que consistirá en informar a Carabineros cada tres meses su domicilio, condenándoselo también a la pena de diez años de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 19.070 a registrar su Huella Genética, todo ello como autor del delito de violación impropia.

En su impugnación, el acusado invoca la causal de nulidad del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, ya que a su juicio se ha vulnerado el principio de razón suficiente al adoptar la decisión condenatoria. Sostiene pese a lo que declararon los testigos y peritos, más allá de las deposiciones de la víctima, se tuvo por acreditado el acceso carnal, por vía vaginal, en la persona de la menor, existiendo suficientes antecedentes probatorios que dan cuenta de que al menos, de haber sido consideradas esas probanzas por el tribunal, no se habría superado el estándar de duda razonable respecto de la ocurrencia de los hechos del modo que lo establece la sentencia. Alega que no puede tenerse por acreditada la conducta punible mediante dichos que únicamente fueron expresados por la víctima y referidos por testigos de oídas y peritos. Contrastando los dichos de la víctima con los testigos y peritos ninguno puede sostener que dicha conducta típica fue efectivamente llevada a cabo por parte del condenado. Se dejó de considerar la prueba en su conjunto, estableciendo hechos que vulneran el principio de razón suficiente, al existir diversos antecedentes que fueron descartados de plano por el tribunal sin dar razón de sus dichos.

La Corte desestimó el arbitrio por este motivo de nulidad. El fallo señala que “(…) no corresponde que, a través de esta vía recursiva, se efectúe un nuevo análisis de la prueba de cargo, ya que no se debe confundir, la falta o insuficiencia de pruebas con la falta o insuficiencia de motivación, toda vez que el control de logicidad, que se cautela a través de la razón suficiente, se refiere sólo a lo segundo y no a lo primero, de forma tal que solo “hay violación del principio de razón suficiente cuando hay insuficiencia de razones fundantes”.