A eso de las 10.05 horas inició la sesión de la subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos. En esta se abordaron las enmiendas presentadas al Capítulo I sobre Fundamentos de Orden Constitucional del anteproyecto.

Para ello recibieron las exposiciones del profesor de Derecho Económico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Felipe Bravo Allende, de los consejeros constitucionales Kinturay Melin (RD) y Luis Silva (Partido Republicano) y a la comisionada, Verónica Undurraga (PPD).

El primero en exponer fue el académico Felipe Bravo, quien hizo mención a las enmiendas más importantes considerando su extensión. “Las enmiendas que buscan modificar los primeros artículos del anteproyecto, fundamentalmente están enfocados en resaltar ciertos elementos relevantes del Estado Social y Democrático de Derecho, como se ha entendido”, expresó.

Entre sus puntos, abordó la distinción entre la dimensión y prestación material. Esto, respecto al fin que tiene el Estado, algo que, también, fue consultado por la consejera republicana María Gatica.

“Tiene relación con superar la distinción netamente formal que el Estado cumplía con su fin en cuanto a la legalidad. Por tanto, el Estado, también, tiene un fin material que cumplir (bien común) y por ende esta dimensión material –quizás mejor decir sustantiva– es distinta a este elemento prestacional material”, explicó el académico.

Por su parte, la comisionada Verónica Undurraga, se refirió al artículo quinto, en especial respecto a las enmiendas presentadas por Unidad para Chile. En este sentido, consideró que la redacción es similar a la Constitución vigente. En específico, al establecer que el ejercicio de la soberanía tiene como límites los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y tratados.

“El objetivo de esta reforma fue precisamente demostrar como país que al recuperar la democracia nos comprometíamos a volver a participar activamente en la comunidad internacional y declaramos nuestro compromiso irrestricto por la protección de los derechos de las personas”, argumento.

Asimismo, expresó que una de las enmiendas genera la obligación de respetar y garantizar los derechos de los tratados. También, manifestó que el objetivo es alcanzar la cooperación en cuanto al buen funcionamiento de los órganos supervisores a nivel internacional.

“Estas normas reflejan nuestro compromiso de cumplir los tratados de buena fe y de no usar como excusa la invocación de normas de derecho interno”, agregó.

En ese sentido, destacó la cooperación entre el Estado y la comunidad internacional de los derechos humanos que proponen las enmiendas. Esto, dado que persiguen un objetivo en común: Que toda persona goce de sus derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tartratos internacionales.

En suma, comentó que “hemos visto incluso en esta comisión una actitud de resistencia frente al derecho internacional de los derechos humanos y al actuar de los órganos, porque se dice que atentaría contra la soberanía del país”. En ese sentido, emplazó las propuestas que han hecho el Partido Republicano y Chile Seguro.

Tras las exposiciones, el consejero constitucional, Luis Silva (Partido Republicano), le consultó a Undurraga cómo resolver un eventual conflicto entre la norma constitucional y el tratado.

La comisionada Undurraga consideró que existen dos escenarios. El primero es cuando no se ha ratificado el tratado, dando paso a una discusión para saber si se ratifica –o no– y para cambiar la norma constitucional para que esta no vaya en contra de los tratados. El segundo, cuando ya está ratificado y existe una norma constitucional que es contraria al tratado. Y el tercero, cuando se hacen interpretaciones y armonizaciones, algo que, consideró, ayuda a mejorar la democracia, puesto que permite alcanzar un nivel de deliberación y diálogo más exigente

Por su parte, el consejero constitucional, Fernando Viveros (PC), manifestó su preocupación respecto al espíritu que tienen algunas enmiendas. Ante ello, consideró que van en sentido contrario de lo que han conversado: Lograr amplios acuerdos constitucionales.

El segundo bloque, estuvo centrado en el debate de las enmiendas. El consejero constitucional, Luis Silva, se refirió a las enmiendas que buscan reordenan ciertas disposiciones contenidas en los primeros artículos del anteproyecto.

Silva argumentó que es solo por visión filosófica. “No es un capricho o un deseo de imitar la Constitución vigente. Es el reflejo de una manera de entender a la persona humana y desde ella, a la sociedad”, fundamentó. Sin embargo, la comisionada Catalina Lagos (PS) no se mostró muy de acuerdo con ello. Esto dado que considera que la Comisión Experta, también, lo planteó de una manera lógica y coherente.

Por su parte, la consejera constitucional, Kinturay Melin (RD) se refirió al reconocimiento de los pueblos originarios. En cuanto a ello, afirmó que el Estado de Chile se mantiene con una deuda constante respecto ha dicho ámbito. De esta forma, aseguró que esta situación los ha traído a que “en esta instancia se nos haga urgente una solución suficiente y duradera a los habitantes que desde esa preexistencia histórica habitamos este país”.

Respecto al reconocimiento, dijo que “hay un grupo político que ha desarrollado enmiendas que restringen el alcance de los tratados de derechos fundamentales y, por otro lado, que transforman artículos sumamente moderados en elementos más que insuficientes”.

Por otra parte, el consejero constitucional, Yerko Ljubetic (CS), se refirió al ámbito de la corrupción. Un punto que también abordó su par Ivonne Mangelsdorff (RN). No obstante, Ljubetic aseguró que las propuestas de la consejera están muy centradas en cuanto al rol del Estado.

Aunque la instó a la idea de que la Constitución establezca obligaciones de probidad y rendición de cuentas a privados encargados de recursos públicos.

“Estaremos dispuestos a respaldar cualquier obligación que eleve los estándares de probidad de quienes ejecutan platas públicas. Lo mismo vale para el ejercicio de cualquier otra función pública”, afirmó, Luis Silva, en su intervención.

Asimismo, se refirió la equidad territorial y sostuvo que concuerda con la idea, pero con un cierto reparo. “Si es que ello –la idea– garantizara, por ejemplo, que el Estado se hiciera cargo de lo que ocurre en la Araucanía con la misma eficacia con que se hace cargo de lo que ocurre en Santiago”, mencionó.

El consejero expresó que las personas de dicha zona sienten la falta de equidad en cuanto a la respuesta que entrega el Estado en seguridad. “Nosotros estaríamos dispuestos a incluir una cláusula que asegura la garantía de la seguridad con equidad territorial. Si eso significara una respuesta eficaz, pronta y proporcional a lo que se está sufriendo en esa zona”, propuso.

Además, aseguró qué “dado el contexto actual, la seguridad demanda del Estado un compromiso mayor que el de garantizar la equidad entre hombres y mujeres”.