Opinión.
La Corte Suprema contra la ley ambiental, es el título de una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo.
LyD asegura que la Tercera Sala de la Corte Suprema (CS) vuelve a realizar una grave vulneración al orden institucional establecido en la Constitución, esta vez, en materia ambiental.

En una reciente publicación del Instituto Libertad y Desarrollo se da a conocer el título «La Corte Suprema contra la ley ambiental».
El documento señala que en 2018, las comunas de Quintero y Puchuncaví se vieron afectadas por una emergencia sanitaria y ambiental debido a la presencia de contaminantes en el aire, decretándose alerta sanitaria para hacer frente a la situación. Entre las acciones adoptadas por la Administración para abordar la emergencia, estuvo la elaboración y promulgación del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví (PPDA) a fines de 2018.
Este año, continúa el texto, en un preocupante fallo (Rol 149 171-2020), la Tercera Sala de la Corte Suprema cuestionó la suficiencia del referido PPDA para el resguardo del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y, a través de él, la debida cautela del derecho a la vida, a la integridad y a la salud de la población, al acoger un recurso de casación arguyendo que la resolución del 2° Tribunal Ambiental (2TA) que rechazó la reclamación contra el PPDA (R-210-2019) habría errado en la interpretación del principio de progresividad, y no habría respetado el principio contaminador-pagador. Luego, instruyó al Ministerio del Medio Ambiente (MMA) a emitir un acto complementario al PPDA con medidas que desdibujan su objeto y terminan por crear una regulación ambiental especial que aparece como arbitraria, desproporcionada y que no respeta el procedimiento al que debe estar sujeto la elaboración de cualquier
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