Proceso constituyente.
Estado social y democrático de derecho al servicio de las personas, es el título de una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo.
La propuesta de nueva Constitución concilia la configuración del Estado social con los derechos y libertades fundamentales de las personas y con la responsabilidad fiscal, lo que se materializa a través de diferentes disposiciones. El reconocimiento de la libertad de las personas y del rol de las instituciones públicas y privadas ponen en el corazón de este Estado social a la sociedad civil alejándose de otros modelos estatistas del Estado social -como el de la fallida Convención- que la subordinaban a los designios del Estado.

La consagración de un Estado social y democrático de derecho es una aspiración que han perseguido históricamente los movimientos y partidos de centro e izquierda en nuestro país. Tal es su importancia que la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional partía con dicha declaración. Rechazada esa propuesta, se incluyó al Estado social y democrático de derecho como una de las bases institucionales -los denominados “12 bordes”-, oportunidad en que se definieron sus contornos, resguardando que su consagración fuera compatible con los derechos y libertades fundamentales de las personas, con la provisión privada de los derechos sociales y con la responsabilidad fiscal, por lo que el texto propuesto establece exitosamente pesos y contrapesos al rol garante del Estado en materia social, señala una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo que lleva por título “Estado social y democrático de derecho al servicio de las personas”.
No hay un modelo único ni homogeneidad entre los distintos países que se definen constitucionalmente como un Estado social y democrático de derecho. Sin embargo, es posible sostener que tiene, al menos, las siguientes características: (i) se trata de un Estado que participa en el proceso económico, sobre todo en forma redistributiva, e interviene en la configuración de la sociedad, en forma igualadora, a fin de procurar, en especial a las personas con más carencias, las condiciones indispensables para su desarrollo material; y (ii) supone el reconocimiento de derechos sociales, económicos y culturales y la función social de otros derechos, tal como la propiedad privada, agrega la publicación, la que pone de relieve la importancia de que se reconozca en el primer capítulo del texto asumiendo un rol rector y articulador para todos los órganos del Estado, en especial, para el legislador y los jueces.
Además de la cláusula de Estado social y democrático de derecho, a través de otras disposiciones se le va dando forma al rol social del Estado. Por ejemplo, cuando se lo llama a actuar directamente en punto a remover los obstáculos para alcanzar tres fines que se ponen en igual nivel: la libertad, los derechos y la igualdad, alejándose de la rechazada propuesta constitucional orientada a alcanzar la igualdad sustantiva, por lo que la propuesta preserva valores importantes, como la meritocracia y las múltiples libertades.
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