La agravante aplicada solo precisa poner en peligro la vida o la salud, y tratándose de la salud no exige que sea más o menos grave el peligro que potencialmente tenga la aptitud para concretar ese riesgo.

El Tribunal Supremo de España desestimó el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, que confirmó el fallo de instancia que condenó al acusado a la pena de cuatro años y medio de prisión por el delito de abuso sexual en menor de 16 años agravado por la puesta en peligro de la salud de la víctima.

El recurrente alegó que se falló con error en la aplicación del derecho, ya que si bien el acusado, luego de comer por la noche en la casa en la playa junto a su sobrino y amigos de éste, procedió a invitarlos a participar en un “juego”, consistente en que cada uno bebiese un pequeño jugo en el menor tiempo posible, con la promesa de ser premiado con 50€ el ganador y que los envases destinados a los amigos contuvieran comprimidos de Loracepam a fin de que se quedaran dormidos para poder abusar sexualmente de ellos -lo que se concretó-, no se puede aplicar la agravación, en cuanto los medicamentos no producen efectos graves, a menos que se hayan ingerido simultáneamente con alcohol o fármacos depresores centrales, cuestión que no ocurrió en la especie, por lo que al no configurarse el subtipo agravado, la pena debe ser menor.

El máximo Tribunal refiere que, “(…) el art. 183.4 e) solo exige que se ponga en peligro la salud, no que el peligro sea grave. Los efectos dañosos para la salud están recogidos en los hechos probados, así como el daño concreto para la de uno de los menores, que precisó tratamiento médico consistente en la administración de antídoto.”