Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Madres de trabajadores migrantes que están a cargo de sus hijos pueden solicitar ayudas sociales sin el riesgo de perder su derecho de residencia, resuelve el TJUE.
Cuando un ascendiente directo está a cargo de un trabajador ciudadano de la Unión es beneficiario indirecto de la igualdad de trato concedida a dicho trabajador. Si no se concediera a ese ascendiente directo una prestación de asistencia social, que constituye para el trabajador migrante una «ventaja social», se vulneraría la igualdad de trato.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó, en el marco de una decisión prejudicial, que la madre de un trabajador migrante de la Unión Europea que esté a cargo de este puede solicitar una prestación de asistencia social, sin que dicha solicitud ponga en cuestión su derecho de residencia, en virtud de la normativa de la circulación de la Unión.
El caso versa sobre una mujer de nacionalidad irlandesa y rumana que reside y trabaja en Irlanda. Su madre, nacional de Rumania, la visitó en su país de residencia (2017) y desde entonces ha permanecido en Irlanda de manera legal como ascendiente directo a cargo de su hija. No obstante, la salud de la madre empeoró debido a su artritis, lo que la llevó a presentar una solicitud de subsidio por discapacidad de acuerdo con la legislación irlandesa.
Su solicitud fue denegada por las autoridades, las cuales adujeron que si se concedía el subsidio, la madre dejaría de estar a cargo de su hija, convirtiéndose así en una carga excesiva para la asistencia social irlandesa, lo que podría resultar en la pérdida de su derecho de residencia. Para dirimir esta cuestión, un juez irlandés planteó una cuestión prejudicial al TJUE para que interpretara si la denegación era compatible con el Derecho de la Unión Europea.
Temas
Te puede interesar

Consulta popular.
Irlanda llevará a cabo un referéndum para eliminar los términos “sexistas” en su Constitución.

Ante la denuncia de unas ONGs.
Irlanda multa a Meta con 390 millones de euros por infringir la normativa de protección de datos.

Por falta de evidencia precisa en el caso concreto.
Corte Suprema de Irlanda resuelve extraditar a dos ciudadanos polacos que alegaron falta de garantías en la nueva legislación de su país de origen.

